El Acuerdo Final con las Farc será firmado el 23 de marzo de 2016

• En el acuerdo, las Farc se comprometen a dejar las armas antes de ocho meses.
• Se creará una Jurisdicción Especial para la Paz para castigar los delitos más graves y representativos.
• Todos los que participaron en el conflicto armado y cometieron delitos con ocasión de este podrán someterse a esta justicia transicional.

El Acuerdo Final que pondrá fin al conflicto armado que el Estado colombiano libra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) será firmado el 23 de marzo de 2016. Sesenta días después, a más tardar, la agrupación comenzará a dejar las armas.

Así lo anunció hoy el Presidente Juan Manuel Santos tras la firma del cuarto acuerdo alcanzado en la Mesa de La Habana –víctimas– y reunirse con Timoleón Jiménez, jefe del Secretariado de esta agrupación guerrillera, en la capital cubana.

De acuerdo con el Primer Mandatario de los colombianos, el acuerdo alcanzado con las Farc logra que los delitos más graves y representativos cometidos en el contexto del conflicto armado no queden impunes.

Para tal efecto, se creará una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, con el fin de garantizar una paz duradera, “sigue los principios de justicia, respeto a la institucionalidad y al derecho nacional e internacional”, señaló el presidente Santos.

La nueva jurisdicción busca la satisfacción de los derechos de las víctimas –en particular el derecho a la justicia– así como los derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición. También da a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos la posibilidad de intervenir para que se inicien los procesos judiciales y se sentencie a los responsables.

El Presidente fue enfático al advertir que no se creará un sistema extrajudicial. Por el contrario, la jurisdicción especial investigará, juzgará y sancionará a los responsables de delitos cometidos con ocasión del conflicto por medio de un tribunal con unas salas especializadas de justicia, integrado por magistrados de las más altas calidades.

El presidente Santos anunció igualmente una ley de amnistía para los delitos políticos y conexos. No obstante, advirtió: “Hay delitos que ni nuestra Constitución, ni el derecho internacional –ni sobre todo nuestra propia conciencia–, nos permiten amnistiar o indultar”.

Dentro de estos, señaló los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores. Según el Primer Mandatario, estos serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción.

“Yo sé que para los colombianos es muy importante que los responsables de los casos más graves y representativos reconozcan sus delitos y cuenten la verdad”.

En este sentido, el Presidente informó que habrá sanciones de mínimo 5 años y máximo 8 años para quienes cumplan con este reconocimiento ante la justicia, con un componente de restricción efectiva de la libertad, y otro de restauración y reparación a las víctimas.

Para quienes no reconozcan su responsabilidad por los delitos más graves –y sean hallados culpables– habrá penas de hasta 20 años.

“De esta manera se logra el objetivo que nos hemos trazado desde un principio, ¡una paz sin impunidad!, y también habremos cumplido con la difícil tarea de alcanzar el máximo de justicia que haga posible la paz”, expresó el mandatario.

El nuevo sistema no estará dirigido exclusivamente a las Farc. En sus declaraciones, el Presidente advirtió que todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado y cometieron delitos con ocasión de este podrán someterse a esta justicia transicional, incluyendo los agentes del Estado y –en particular– los miembros de la fuerza pública.

“No hay ninguna posibilidad de que haya un tratamiento especial de justicia para las Farc si no hay –al mismo tiempo– un tratamiento que puede ser diferenciado, pero simultáneo, equitativo y simétrico, para nuestros militares y policías”. El acuerdo impide acogerse al nuevo sistema de justicia a quienes no hayan dejado previamente las armas.

El Presidente resaltó que este acuerdo está creando un precedente mundial. “Esta es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal –en un acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones– crean un sistema de rendición de cuentas ante un tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves”.

Respecto a las responsabilidades del Gobierno, el presidente Santos mantuvo su compromiso de dar garantías de seguridad a las Farc y de poner en marcha las transformaciones pactadas, como la reforma rural integral, la nueva apertura democrática, la solución al problema de las drogas ilícitas, y ahora los acuerdos sobre víctimas.

Así mismo, agradeció el apoyo de los gobiernos de Cuba, Chile, Venezuela y Estados Unidos, de los juristas que trabajaron en la creación de la jurisdicción, y de los miembros  de la delegación del Gobierno.

El Primer Mandatario resaltó igualmente los beneficios de la paz para Colombia en términos de equidad, educación, seguridad, empleo, turismo y medio ambiente, y recordó que, de cualquier manera, la última palabra la tendrán los colombianos: “Serán ustedes, a través de la refrendación popular, quienes decidan si aceptan los contenidos de este acuerdo”.