La Habana, 23
de septiembre de 2015
Hoy es un día crucial y muy positivo en el avance de nuestro país hacia
la paz y hacia la terminación de un conflicto armado que nos ha desangrado por
más de medio siglo.
Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las FARC y acordamos una
fecha límite para firmar el Acuerdo Final que terminará nuestro conflicto
armado: será el 23 de marzo de 2016.
Repito: el 23 de marzo de 2016.
A más tardar ese día –en exactamente 6 meses– estaremos dando un adiós
definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no solo de Colombia
sino de toda América.
Y acordamos –además– que las FARC comenzarán a dejar las armas a más
tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
A lo mucho que hemos avanzado hasta ahora –los tres acuerdos ya
alcanzados sobre desarrollo rural integral, participación política y solución al
problema de las drogas ilícitas, unidos al desescalamiento del conflicto armado
que nos ha permitido vivir los dos meses menos violentos en los últimos 40 años–
se suman estos anuncios trascendentales.
Pero hay algo más –de la mayor importancia–: hemos logrado un acuerdo
sobre las bases de un sistema de justicia.
Este tema es tal vez el más difícil y el más complejo de definir. Así ha
sido en todos los procesos de paz del mundo.
Se determinó crear una Jurisdicción Especial para la Paz que
respete los principios que el mismo papa Francisco expresó hace unos pocos días
aquí, en su visita a La Habana: debe
haber justicia y “respeto a la institucionalidad,
al derecho nacional e internacional, para que la paz sea duradera”.
La Jurisdicción Especial que se va a crear se conformará –como corresponde–
en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, respetando los
lineamientos del derecho internacional a los que Colombia está obligada.
Es una jurisdicción que busca, ante todo, la satisfacción de los
derechos de las víctimas –en particular el derecho a la justicia, pero también
sus derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición–.
Y les da a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos la
oportunidad de intervenir para que se inicien los procesos judiciales y se sentencie
a los responsables.
Por supuesto, la nueva jurisdicción también tendrá en cuenta las
investigaciones y sentencias de nuestros fiscales y jueces. Es un trabajo de
décadas que se valorará y será punto de partida esencial.
Y en esto quiero ser claro: no acordamos un sistema extrajudicial.
Todo lo contrario: acordamos una jurisdicción especial que va a investigar,
juzgar y sancionar a través de un tribunal –con unas salas especializadas
de justicia–, integrado por magistrados de las más altas calidades, a los
responsables de delitos cometidos con ocasión del conflicto, en especial los
más graves y representativos.
Es común que a la terminación de los conflictos –y así lo establece el
derecho internacional humanitario y lo permite nuestra Constitución– se otorguen
amnistías o indultos por los delitos políticos y conexos.
Eso lo vamos a hacer en los términos que establezca una ley de amnistía
que precise los criterios de conexidad.
Pero hay delitos que ni nuestra Constitución, ni el derecho
internacional –ni sobre todo nuestra propia conciencia–, nos permiten amnistiar
o indultar.
Delitos como los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de
guerra, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento
forzado, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual o el
reclutamiento forzado de menores serán investigados, juzgados y sancionados
por la nueva jurisdicción.
Yo sé que para los colombianos es muy importante que los responsables de
los casos más graves y representativos reconozcan sus delitos y cuenten la
verdad.
Habrá sanciones de mínimo 5 años y máximo 8 años para quienes
cumplan con este reconocimiento ante la justicia.
Estas sanciones tendrán un componente de restricción efectiva de la
libertad, y otro de restauración y reparación a las víctimas.
Y para quienes no reconozcan su responsabilidad por los delitos más
graves –y sean hallados culpables– habrá penas de hasta 20 años.
De esta manera se logra el objetivo que nos hemos trazado desde un
principio: ¡UNA PAZ SIN IMPUNIDAD!
Y también habremos cumplido con la difícil tarea de alcanzar el
máximo de justicia que haga posible la paz.
Quiero hacer especial énfasis en que ni este sistema de justicia ni esta
jurisdicción están dirigidos exclusivamente a las FARC.
Todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto
armado, y cometieron delitos con ocasión de éste, pueden someterse a esta
justicia transicional, incluyendo los agentes del Estado y –en particular– los
miembros de la fuerza pública.
Como siempre les dije a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas
Armadas, no hay ninguna posibilidad de que haya un tratamiento especial
de justicia para las FARC si no hay –al mismo tiempo– un tratamiento que puede
ser diferenciado, pero simultáneo, equitativo y simétrico, para nuestros
militares y policías.
Tampoco habrá posibilidad de que nadie se acoja a este sistema de
justicia si no ha dejado antes las armas. ¡Así de claro! Y a quien
reincida le caerá todo el peso de la ley.
Lo que logramos hoy, lo que anunciamos hoy, es una gran noticia para
Colombia y también para el mundo.
Esta es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal –en un
acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones– crean un
sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional por la comisión de
crímenes internacionales y otros delitos graves.
Estamos sentando un precedente ante la comunidad internacional que puede
dar esperanza para otros conflictos armados en el planeta.
Y nos acercamos a la paz, una paz que no será fácil, que exigirá el
aporte y el trabajo de todos –en todas las regiones–, pero que nos permitirá por
fin crecer y prosperar sin el lastre pesado de la guerra.
Una Colombia en paz brillará como una estrella fulgurante en el
escenario internacional.
Una Colombia en paz nos permitirá avanzar más rápido hacia la equidad.
Una Colombia en paz hará más fácil que nos convirtamos en la nación más
educada de América Latina.
Una Colombia en paz será más segura porque la fuerza pública que se
dedica a la guerra se concentrará en mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Una Colombia en paz atraerá más inversiones que crearán más y mejores
empleos.
Una Colombia en paz nos convertirá en una potencia turística.
Una Colombia en paz cuidará mejor del medio ambiente, de esa biodiversidad
maravillosa que debemos preservar.
Hoy damos un paso enorme hacia esa nueva Colombia, y los invito a que
la construyamos JUNTOS.
Porque este horizonte positivo nos llama a construir, no a destruir; nos
convoca a unirnos, no a dividirnos.
Hoy avanzamos mucho: aseguramos la justicia –la no impunidad– y pusimos
plazos ciertos para acabar la guerra.
Pero, como lo he reiterado en diversas oportunidades, la última
palabra la tienen los colombianos: serán ustedes, a través de la
refrendación popular, quienes decidan si aceptan los contenidos de este
acuerdo.
Nos falta culminar los últimos puntos –en los que la discusión está
avanzando– pero la conclusión es una sola:
LA PAZ ES POSIBLE… ¡Y ESTÁ MÁS CERCA QUE NUNCA!
Muchas gracias
